Ley de atención integral para la persona adulta mayor (El Salvador)

Decreto Legislativo Nº: 717

La Ley tiene por objeto garantizar y asegurar una atención integral para la protección de las personas adultas mayores y contribuir al fortalecimiento e integración de la familia, la cual es la que tiene la responsabilidad primaria para su atención. Sólo a falta de ella, corresponde al Estado garantizar dicha atención.

Se considerará persona adulta mayor a todo hombre o mujer que haya cumplido sesenta años de edad. Enumera los derechos fundamentales de adulto mayor, entre ellos: no ser discriminado; ser atendido con propiedad; recibir alimentación, transporte y tener vivienda adecuada; vivir al lado de su familia; recibir asistencia médica, geriátrica y gerontológica; recibir buen trato, consideración y tolerancia por parte de la familia, la sociedad y el Estado; disfrutar en forma gratuita de programas recreativos, culturales, deportivos y de esparcimiento; usar su tiempo libre en educación, empleo parcial remunerado o labores de voluntariado; recibir protección contra abuso o malos tratos; asistencia especializada de cualquier tipo para su bienestar y asistencia jurídica gratuita; ser oídos, atendidos y consultados; participar en la comunidad; no ser obligados a trabajar en actividades que no sean acordes a sus condiciones físicas, o su dignidad; recibir oportunamente su pensión; disfrutar de un envejecimiento útil a la sociedad.

Por otro lado, también regula los deberes de las personas adultas mayores, como respetar a su familia, orientarla con sus consejos, compartir con ellos sus conocimientos y experiencias, guardar especial consideración y tolerancia con los niños, niñas y adolescentes, y colaborar en la medida de sus posibilidades, en las tareas y ocupaciones cotidianas del hogar.

Se crea un órgano encargado de la atención integral de este grupo de la población, llamado Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores, regulando su organización y atribuciones. Este órgano, para la ejecución de los programas que desarrolle, podrá gestionar la obtención de financiamiento, sea público y privado, nacional e internacional.

En Salud y Nutrición, las personas adultas mayores gozarán de una atención médica integral gratuita en las instituciones públicas, pudiendo exigir oportuna y eficazmente todas las formas de tratamiento que necesiten. Se fomenta además, la investigación y el estudio de la vejez y el envejecimiento.

En materia previsional, se deberá preparar a los empleados y trabajadores para disfrutar dignamente de la jubilación, respetando la decisión del adulto mayor de mantener su aptitud laboral.

Toda persona adulta mayor tiene derecho a un ingreso, mediante el acceso sin discriminación al trabajo, de acuerdo a sus facultades físicas y mentales. En este ámbito, compete al Consejo promover cursos de capacitación para que cuando se retiren de sus fuentes de trabajo, tengan la preparación adecuada para seguir siendo productivos.

En materia de seguridad social, se garantiza la cobertura de atención para el régimen de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, la atención médica integral, la eliminación de barreras arquitectónicas, que dificulten su libre desplazamiento. En caso de desamparo o abandono, corresponde al Estado la atención de las personas adultas mayores, ya sea en forma directa o por medio hogares, asilos o casas de asistencia social. La propia Ley se encarga de señalar cuando un adulto mayor se encuentra en situación de abandono o riesgo social.

Para prevenir la violencia física, psicológica o sexual contra estas personas, se aplicarán la ley contra la Violencia Intrafamiliar y la normativa de familia, penal y procesal penal.

Algunos beneficios para el adulto mayor: gratuidad de los servicios que preste el sector público y en centros de recreación del Estado; trato preferencial en sus gestiones administrativas.

En educación es obligación del Ministerio de Educación tomar las medidas necesarias para que las personas adultas mayores tengan fácil acceso a la enseñanza básica. Los programas de estudio deben abordar contenidos relacionados con el envejecimiento y fomentar valores familiares. También se prevee implementar programas deportivos adecuados a la persona adulta mayor.

Estos derechos o beneficios son considerados por la Ley como intransferibles.